ARTICULO 34 - REQUISITOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO PROVINCIAL - PUNTO 24. GARANTIAS

En el caso Wayro S.A. c/ Municipalidad de Olavarría, la Cámara Provincial en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata anuló en la sentencia dictada el 20.9.2022 un decreto de adjudicación al declarar la "ilegítima la actuación estatal" de la Municipalidad. Este fallo, muestra que la justicia provincial está dispuesta a ejercer un control estricto sobre la legalidad de la actuación administrativa. 1 La nulidad del acto de adjudicación se basó en una actuación irregular del Estado, abriendo la puerta a un posible reclamo por daños a pesar de la literalidad de las normas locales.

La Comisión Arbitral es el organismo que administra el Convenio Multilateral, un acuerdo entre provincias para armonizar y coordinar la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando un contribuyente opera en dos o más jurisdicciones. Esta Comisión posee su propio Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios, aprobado por Resolución N° 4/2024, que en su artículo 4° establece los siguientes principios: ARTÍCULO 4°: PRINCIPIOS GENERALES Los principios generales a los que deberán ajustarse la gestión de las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, serán: a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés comprometido y el resultado esperado. b) Promoción de la concurrencia de intereses y de la competencia entre oferentes. c) Transparencia en los procedimientos. d) Publicidad y difusión de las actuaciones. e) Responsabilidad de los empleados de la Comisión Arbitral que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones. f) Igualdad de tratamiento para interesados ​​y oferentes. g) No se permitirá el reembolso de gastos realizados por el personal de la COMARB. De ser preciso por probado cuestión de emergencia o causa de fuerza mayor el reembolso de gastos efectuados por cualquier empleado de la COMARB deberá ser aprobado por el Presidente de la Comisión Arbitral. Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden.

El Decreto Provincial Nº 565/2023 introduce correcciones, sustituciones y aclaraciones técnicas al Decreto Nº 188/2023, reemplazando sus Anexos I, II y III para unificar los criterios de actualización del jurisdiccional de compras, corregir errores materiales detectados en el articulado y en los cuadros de autoridades competentes, armonizar los topes en módulos entre la reglamentación general y el régimen específico del Ministerio de Salud, suprimir expresiones que generaban ambigüedad como “SIN LÍMITE” en la licitación o concurso privado, y rectificar el artículo 6 para precisar el alcance del procedimiento simplificado; además, incorpora a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) dentro del Jurisdiccional aplicable, todo con el fin de asegurar coherencia normativa, evitar interpretaciones erróneas y garantizar una aplicación correcta del régimen de contrataciones establecido por la Ley Provincial Nº 1015

APROBACIÓN DE CESIÓN DE HIDROCARBUROS DE LAS ÁREAS LAGO FUEGO, LOS CHORRILLOS Y TIERRA DEL FUEGO - FRACCIÓN A, B, C, D Y E DE YPF S.A. A FAVOR DE TERRA IGNIS S.A. Sanción: 22 de Diciembre de 2025. Promulgación: 29/12/25. D.P.Nº 3004/25. Publicación: B.O.P. 29/12/25. Artículo 1º.- Apruébase la autorización extendida por el Poder Ejecutivo; a favor de la firma YPF S.A., referente a la cesión del ciento por ciento (100%) de su participación en los derechos, títulos, intereses y obligaciones que le correspondan en las concesiones de explotación de hidrocaruburos de las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego - Fracción A, B, C, D y E , a favor de Terra Ignis SA, ratificado en todos sus términos mediante Decreto provincial Nº 2705/25. Artículo 2º.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo de Prórroga de las Concesiones Hidrocarburíferas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego - Fracción A, B, C, D y E - y sus respectivos anexos, registrado bajo el Nº 27065, referente a la prórroga de los derechos de concesión, celebrado el 13 de noviembre de 2025, entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la empresa Terra Ignis Energía SA, ratificado mediante Decreto provincial Nº 2705/25. Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Contrataciones Artículo 74.- Las contrataciones del Estado Provincial o de los municipios se efectuarán según sus leyes u ordenanzas específicas en la materia, mediante el procedimiento de selección y una previa, amplia y documentada difusión.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación) d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014)

La Resolución O.P.C. Nº 84/2020 aprueba el Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones del Sector Público Provincial, en el marco de la Ley Nº 1015, estableciendo principios rectores como razonabilidad, concurrencia, igualdad, transparencia, economía y eficiencia. Regula las modalidades de contratación directa (por compulsa abreviada y adjudicación simple) y los procesos de licitación pública y privada, definiendo etapas, plazos y responsabilidades para cada organismo interviniente. El manual busca garantizar la publicidad de los llamados, la participación de proveedores inscriptos y no inscriptos, la justificación de excepciones y el control interno previo, promoviendo una gestión ordenada y transparente conforme a la jerarquía normativa y los principios de legalidad administrativa.

“Artículo 144.- Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a Ia consecución de fines ajenos a Ia persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados”.

LICITACIÓN PÚBLICA. Ofertas. Convocatoria. Publicidad. La publicidad y difusión a presentar ofertas en la licitación pública nacional e internacional convocada por el Ministerio del Interior para la adquisición de tres sistemas de reconocimiento facial, es insuficiente para satisfacer los requisitos exigidos por el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 1023/01 y su reglamentario Decreto N° 436/00 que recogen los principios generales de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia. Así, la norma establece que, tratándose de licitaciones o concursos internacionales, deberán disponerse las publicaciones pertinentes en países extranjeros con una antelación no menor de cuarenta días corridos, en la forma y modalidades que establezca la reglamentación. Dict. N° 11/07, 17 de enero de 2007. Expte. N° 12.235/05. Ministerio del Interior. (Dictámenes 260:56).