La Resolución Plenaria Nº 022/2023 del Tribunal de Cuentas aprueba el Informe Contable Nº 401/2022 y dispone el cumplimiento de recomendaciones derivadas de la auditoría sobre liquidación de haberes del escalafón Salud. Se tienen por cumplidas las recomendaciones Nº 10 y Nº 14, mientras que se intima a la Ministra de Salud a cumplir las recomendaciones Nº 4, Nº 9 y Nº 13 en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 4º inciso h) de la Ley Provincial Nº 50. La resolución se fundamenta en principios de juridicidad, eficiencia, efectividad y economía, propios del control externo, destacando la doctrina que considera obligatoria la implementación de recomendaciones para garantizar una buena administración y el interés público, conforme lo señalado por Miriam M. Ivanega en materia de responsabilidad administrativa.

La Resolución Plenaria N° 138/2021 del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego hace propios los fundamentos del informe legal y contable, y en ejercicio de las competencias previstas en la Ley provincial N° 50 dispone instruir a la Secretaría Legal a iniciar acción civil de responsabilidad patrimonial contra el ex Presidente de la Dirección Provincial de Energía y otros agentes intervinientes, al considerar configurado un perjuicio fiscal cierto originado en la realización de pagos anticipados sin sustento normativo ni verificación de la contraprestación, en infracción al régimen de contrataciones y al principio de legalidad del gasto; asimismo, delimita el daño conforme el criterio jurisprudencial aplicable, circunscribiéndolo a los intereses generados por la erogación indebida, fija su cuantificación inicial y habilita su eventual determinación definitiva en sede judicial, destacando la existencia de responsabilidad subjetiva (dolo, culpa o negligencia), la vigencia del plazo de prescripción y la obligación del organismo de control de accionar para la recomposición del patrimonio estatal.

CONTRATACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS ARTÍCULO 31.- PRINCIPIOS RECTORES. Las contrataciones públicas electrónicas se realizarán mediante medios tecnológicos que garanticen neutralidad, seguridad, confidencialidad e identidad de los usuarios, basándose en estándares públicos e interoperables que permitan el respaldo de la información y el registro de operaciones, permitiendo operar e integrar a otros sistemas de información. ARTÍCULO 32.- PROCEDIMIENTOS. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilitará los medios para efectuar en forma electrónica los procedimientos prescriptos en el presente reglamento y dictará los manuales de procedimiento en los que se podrán estipular condiciones específicas que se aparten de lo dispuesto en el mismo. A partir del momento en que un procedimiento deba realizarse mediante la utilización del medio electrónico se tendrán por no escritas las disposiciones relativas a actos materiales o presenciales cuya realización se traduzca en operaciones virtuales en el sistema electrónico. Las disposiciones referentes a actos que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, se cumplirán conforme con lo establecido en la presente reglamentación. ARTÍCULO 33.- EXCEPCIONES. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES será la encargada de autorizar las excepciones a la tramitación de los procedimientos de selección en forma electrónica. A tal efecto debe encontrarse acreditada la imposibilidad de tramitación de la contratación en forma electrónica o justificada la excepción por circunstancias objetivas. ARTÍCULO 34.- IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dictará el respectivo manual de procedimientos, a efectos de regular el registro y los sistemas de autenticación que permitan verificar la identidad de los usuarios en los medios tecnológicos que se utilicen para realizar las contrataciones públicas electrónicas, los que podrán admitir en la gestión de los procedimientos de selección la firma electrónica o digital a fin de otorgar mayores niveles de seguridad sobre la integridad de los documentos.

Guía de verificación del ámbito de cobertura y pautas/lineamientos prácticos para la implementación progresiva del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur.

Se da respuesta al asesoramiento solicitado solictado por el Presidente de la CPPyPTDF sobre enajenación de bienes

La Resolución Plenaria Nº 102/2021 del Tribunal de Cuentas concluye el análisis del expediente sobre la contratación directa del Sr. Mariano Fernando Simonetti por la Dirección Provincial de Energía, en el que se detectaron incumplimientos formales y sustanciales vinculados a pagos sin respaldo administrativo, falta de intervención de Tesorería y ausencia de segregación de funciones. A partir de lo dictaminado en los informes contables y legales, el Tribunal atribuyó responsabilidad a los agentes Patricia Valencia y Oscar Alejandro Iasich, aunque descartó perjuicio fiscal cierto en algunos períodos y solo consideró la posibilidad de daño en octubre de 2019 por $45.000. Finalmente, el Tribunal aprobó el Informe Legal Nº 77/2021 haciendo propio lo allí señalado, y recomendó a las autoridades de la DPE que en futuras contrataciones se ajusten estrictamente a la normativa vigente, concluyendo su intervención en el expediente.

Art. 2° — AMBITO DE APLICACION. El presente régimen será de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones. (Nota Infoleg: Por art. 26 del Decreto N° 486/2002 B.O. 13/03/2002, se exceptúa al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, del cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto.) (Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 666/2003 B.O. 25/3/2003. Vigencia: desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y será de aplicación a las contrataciones que, aunque autorizadas con anterioridad, tengan pendiente la convocatoria).

Resolución Plenaria N.º 014/2024 del Tribunal de Cuentas: se había convocado la Licitación Pública N.º 04/2023 para contratar un servicio de medicina laboral, pero finalmente el Cuerpo Plenario decidió dejarla sin efecto por razones de “oportunidad, mérito y conveniencia”. El fundamento se apoyó en la normativa vigente, en las cláusulas del pliego aceptadas por los oferentes y en doctrina administrativa y jurisprudencia que confirman que antes de la adjudicación definitiva la Administración conserva un margen de discrecionalidad para desistir. La resolución, además, previó la devolución de garantías, cumpliendo con la consecuencia típica de esta facultad: no se genera obligación indemnizatoria, más allá de restituir lo aportado como garantía

La Resolución Plenaria N.º 161/2015 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego —junto con el Informe Legal N.º 136/2015 y el Informe Contable N.º 60/2015— constituye un precedente institucional clave para interpretar el artículo 45 de la Ley Provincial N.º 1015 sobre concesiones y obras públicas. Estos instrumentos se emitieron en ocasión de la ampliación del Aeropuerto Internacional “Malvinas Argentinas”, bajo concesión a London Supply SACIFI. El Informe Legal N.º 136/2015 reafirmó el principio según el cual las obras ejecutadas por el concesionario pasan a integrar el patrimonio provincial sin derecho a compensación, tal como establece el artículo 45 de la Ley 1015. El Tribunal consideró que, aun cuando la obra pública sea ejecutada por un particular, su finalidad pública impone que las mejoras queden incorporadas de pleno derecho al dominio estatal, sin que el concesionario pueda alegar enriquecimiento sin causa. Esta interpretación se vincula con el control de conveniencia económica y jurídica: toda readecuación contractual o extensión de concesión debe ponderar el valor económico residual de las mejoras y su utilidad efectiva para el servicio, de modo que la Administración no compense doblemente al concesionario por bienes que pasarán a ser de propiedad provincial. De este modo, la doctrina de la Resolución Plenaria 161/2015 operativiza el artículo 45, asegurando que la incorporación gratuita de las obras al patrimonio público constituya un elemento de equilibrio económico-financiero del contrato.

Artículo 8º.- Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el sector público provincial, el que a tal efecto está integrado por: a) Administración provincial, conformada por la Administración central y los organismos descentralizados, autárquicos, no autárquicos y las administraciones comunales no autónomas; b) empresas y sociedades del Estado provincial no financiero que abarca a las empresas públicas, las sociedades del Estado provincial no financiero, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Serán aplicables las normas de esta Ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado provincial a través de sus jurisdicciones o entidades, salvo las que por ley especial tengan otro régimen establecido.