La Resolución Plenaria N.º 129/2022 del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego analiza la contratación directa por compulsa abreviada de un equipo médico para la terapia intensiva pediátrica del Hospital Regional Ushuaia, detectando un incumplimiento sustancial a la normativa vigente (Resoluciones O.P.C. N.º 17/2021 y 58/2021 y Ley Provincial N.º 1015, art. 27) por falta de acreditación de invitación a tres proveedores y deficiencias en el uso del correo electrónico como medio válido. Si bien no se presume perjuicio fiscal, se advierte un apartamiento grave del procedimiento y se formulan recomendaciones: (i) al Ministerio de Salud para garantizar el estricto cumplimiento normativo en futuras contrataciones, y (ii) a la Oficina Provincial de Contrataciones para reglamentar el uso del domicilio electrónico. El acto se dicta con fundamento en la Ley Provincial N.º 50 y la Resolución Plenaria N.º 122/2018, priorizando el interés público en la continuidad del servicio esencial de salud.

La Resolución Plenaria N.º 093/2026 observó que el Ministerio de Educación procedió al reconocimiento y pago de servicios prestados por la Fundación Sadosky sin haber tramitado previamente el procedimiento de contratación correspondiente, recurriendo a la figura del legítimo abono como mecanismo de regularización posterior. Tal actuación resulta incompatible con el artículo 14 de la Ley Provincial N.º 1015, que exige que toda contratación estatal se formalice a través de los procedimientos legalmente previstos, afectando además los principios de legalidad, transparencia e igualdad que rigen la actividad contractual de la Administración, motivo por el cual el Tribunal de Cuentas, habiéndose cumplimentado las pautas temporales previstas en el art. 75 y 51 de la Ley prov. N° 50, formuló recomendaciones al Mtro de Educación para adecuar las futuras actuaciones al régimen vigente.

Asunto N° 134 - Período Legislativo: 2026 - Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial (Mensaje N° 15/26 de fecha 25 de marzo de 2026) modificando la Ley Provincial N° 1015 (artículos 15, 16, 17, 18, 20 y 34).

Desarrolla el estándar de “buena administración” como un principio general (eficiencia-eficacia), que impone a la Administración pública la obligación de adoptar decisiones orientadas a resultados y basadas en medios racionalmente adecuados. “¿Una tesis "sustancialista" del contrato administrativo?”, González-Varas Ibáñez, Santiago - Varas Ibáñez, Santiago, TR LALEY 0027/00000. Procedimientos y criterios de adjudicación orientados a la obtención de la mejor relación calidad-precio, como expresión de eficiencia. “La importancia del elemento forma en el contrato administrativo. Consecuencias de su omisión en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Canda, Fabián O. En “Cuestiones de contratos administrativos. Jornadas organizadas por la Universidad Austral”, Facultad de Derecho (págs. 35-52). Buenos Aires: RAP. La tesis central del documento es que los contratos administrativos deben evaluarse no solo formalmente, sino por su aptitud para alcanzar los fines públicos. Se resalta que el cumplimiento efectivo de esos fines debe ser el criterio rector. “La teoría general del contrato administrativo a través de la jurisprudencia de la CSJN”. Coviello, P., en “La contratación pública” de J. C. Cassagne, (págs. 89-135). Buenos Aires: Hammurabi. La caracterización de prerrogativas exorbitantes y su control se vincula con la eficacia institucional de los fines públicos.

En este fallo de agosto de 2019, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego resolvió que la empresa Medio Ambiente S.A. había sido excluida indebidamente de una licitación pública convocada por la Municipalidad de Río Grande, en contravención de los principios de igualdad de trato y libre concurrencia; en consecuencia, la demanda prosperó parcialmente: se anularon ciertos actos administrativos impugnados y se ordenó que la Municipalidad restituyera a la empresa las sumas pagadas por la adquisición del pliego, el derecho de impugnar ofertas y una cantidad por gastos de participación (admitidos hasta $50.000), más los intereses correspondientes, aunque desestimó la reclamación por lucro cesante o pérdida de chance

La Resolución Plenaria Nº 223/2023 del Tribunal de Cuentas analizó el reconocimiento de gasto por servicios de provisión de agua potable mediante camión cisterna en la ciudad de Ushuaia y concluyó que existió un incumplimiento sustancial al artículo 14 de la Ley Provincial Nº 1015, por falta de procedimiento de selección del proveedor. Aunque se acreditó la efectiva prestación del servicio y se descartó perjuicio fiscal, el Tribunal enfatizó que el pago basado en la figura del enriquecimiento sin causa no subsana la irregularidad ni exime de responsabilidad a los funcionarios intervinientes. En consecuencia, recomendó a la Ministra de Obras y Servicios Públicos extremar recaudos en futuras contrataciones, garantizando el respeto estricto a los principios de legalidad, transparencia y concurrencia que rigen en materia de contrataciones públicas.

La contratación propiciada, en virtud de la naturaleza estatal de los organismos intervinientes, y por tratarse el cocontratante de una entidad perteneciente a un Estado extranjero, se encuentra excluida del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, por aplicación del artículo 5° inciso c) del Decreto Delegado N° 1023/01.

CONTRATACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS ARTÍCULO 31.- PRINCIPIOS RECTORES. Las contrataciones públicas electrónicas se realizarán mediante medios tecnológicos que garanticen neutralidad, seguridad, confidencialidad e identidad de los usuarios, basándose en estándares públicos e interoperables que permitan el respaldo de la información y el registro de operaciones, permitiendo operar e integrar a otros sistemas de información. ARTÍCULO 32.- PROCEDIMIENTOS. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES habilitará los medios para efectuar en forma electrónica los procedimientos prescriptos en el presente reglamento y dictará los manuales de procedimiento en los que se podrán estipular condiciones específicas que se aparten de lo dispuesto en el mismo. A partir del momento en que un procedimiento deba realizarse mediante la utilización del medio electrónico se tendrán por no escritas las disposiciones relativas a actos materiales o presenciales cuya realización se traduzca en operaciones virtuales en el sistema electrónico. Las disposiciones referentes a actos que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, se cumplirán conforme con lo establecido en la presente reglamentación. ARTÍCULO 33.- EXCEPCIONES. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES será la encargada de autorizar las excepciones a la tramitación de los procedimientos de selección en forma electrónica. A tal efecto debe encontrarse acreditada la imposibilidad de tramitación de la contratación en forma electrónica o justificada la excepción por circunstancias objetivas. ARTÍCULO 34.- IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS. La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dictará el respectivo manual de procedimientos, a efectos de regular el registro y los sistemas de autenticación que permitan verificar la identidad de los usuarios en los medios tecnológicos que se utilicen para realizar las contrataciones públicas electrónicas, los que podrán admitir en la gestión de los procedimientos de selección la firma electrónica o digital a fin de otorgar mayores niveles de seguridad sobre la integridad de los documentos.

La RES PL 025-25 trata sobre la actualización del valor del módulo, expresando que debe observar criterios objetivos, razonables y jurídicamente sustentados, señalando que el período tomado como base para su redeterminación debía guardar concordancia con la fecha de incorporación del módulo al régimen de contrataciones. Este análisis se vincula con el artículo 21 de la Ley Provincial N.º 1015, en tanto el módulo constituye la unidad de referencia para determinar los umbrales económicos de los distintos procedimientos de selección del contratista, por lo que su adecuada actualización resulta indispensable para preservar la eficacia, proporcionalidad y vigencia del régimen de contratación pública.

La Resolución Plenaria Nº 022/2023 del Tribunal de Cuentas aprueba el Informe Contable Nº 401/2022 y dispone el cumplimiento de recomendaciones derivadas de la auditoría sobre liquidación de haberes del escalafón Salud. Se tienen por cumplidas las recomendaciones Nº 10 y Nº 14, mientras que se intima a la Ministra de Salud a cumplir las recomendaciones Nº 4, Nº 9 y Nº 13 en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 4º inciso h) de la Ley Provincial Nº 50. La resolución se fundamenta en principios de juridicidad, eficiencia, efectividad y economía, propios del control externo, destacando la doctrina que considera obligatoria la implementación de recomendaciones para garantizar una buena administración y el interés público, conforme lo señalado por Miriam M. Ivanega en materia de responsabilidad administrativa.