Esta Oficina Nacional entiende que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional no resulta de aplicación a la contratación propiciada. Ello así, tomando en consideración que, de acuerdo a la información que surge de los presentes actuados, el contrato tenido en miras no implicaría la utilización de fondos públicos sino el dinero de los propios internos y que, en rigor de verdad, el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL no sería el adquirente de los bienes en cuestión sino un mero intermediario entre el proveedor y el interno solicitante, al recibir los bienes y liberar el pago autorizado por los internos –intermediación ciertamente necesaria y razonable a fin de posibilitar la operatoria en cuestión, dada las condiciones de reclusión y/o de privación de la libertad de quienes integran la población carcelaria–. IX) No se trataría, en puridad, de un contrato de la Administración Nacional y/o atribuible a la Administración Nacional, desde que esta última no es parte –a la luz de lo informado por el organismo de origen–. Es así que no podría asignársele el carácter de contrato administrativo, desde el momento en que no sería celebrado por una persona jurídica estatal, lo cual explica que ni siquiera se encuentre previsto entre las causales de exclusión del artículo 5º del Decreto Delegado Nº 1023/01.

La Resolución Plenaria N.º 047/2022 del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego aborda la consulta sobre la viabilidad de reconocer una actualización total del precio del contrato de la obra “Ampliación del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia” antes de aplicar el régimen de redeterminación. El pronunciamiento reafirma el principio de legalidad, estableciendo que el régimen aplicable es el previsto en el Decreto provincial N.º 73/2003, que dispone mantener fijo e inamovible el 10% del precio total durante la vigencia del contrato. Se aclara que la vigencia comienza con la firma del contrato, no con la adjudicación, y que cualquier ajuste fuera de ese marco debe justificarse en circunstancias excepcionales, como desequilibrio económico imprevisible que genere excesiva onerosidad, evaluado mediante informes técnicos y jurídicos. Además, se destaca que la administración puede actuar por razones de equidad para preservar la ecuación económico-financiera, pero debe motivar adecuadamente su decisión, evitando arbitrariedad y respetando los límites normativos y constitucionales.

La Ley 24.759 aprueba en Argentina la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, con el objetivo de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública. La norma promueve la transparencia, la cooperación internacional entre los Estados y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, estableciendo mecanismos para investigar y perseguir hechos de corrupción y recuperar los bienes obtenidos mediante esas conductas ilícitas.

Se apueba el Informe Legal Nº 036/2025 - Letras del Tesoro - Destino: cubrir deficiencias estacionales de caja, para preservar el equilibrio financiero.

Aplicación de las Normas de Derecho Privado Artículo 17.- No serán de aplicación a la Sociedad creada por la presente, la Ley provincial 1015 y la Ley nacional 13.064. En sus relaciones jurídicas la Sociedad se regirá por las normas de derecho privado, excepto en aquellas que desarrolle con organismos públicos, o con usuarios de sus servicios, a las que serán aplicables las normas del derecho público en lo que corresponda.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN CONCESIÓN CERRO CASTOR USHUAIA

Analiza la Resolución de la OPC 202/2020

La Resolución del Tribunal de Cuentas comparte y aprueba los términos del Informe Legal N° 129/2018 Letra: T.C.P.-S.L., en el que se trata la consulta por asesoramiento formulada por la D.P.O.S.S. en los términos del art. 2° inciso i) de la Ley prov. N° 50, cuya procedimiento se encuentra reglamentado a través de la Res. Pl. N° 124/2016. En la misma se consulta sobre la adquisición por permuta por parte de ese Organismo del inmueble lindero a la planta de tratamiento de efluentes del arroyo Grande a la firma Newsan S.A., precisando que la misma debe ajustarse estrictamente al régimen de la Ley Provincial N.º 1015, que en su artículo 63 no contempla la permuta de bienes inmuebles, pues solo la admite respecto de bienes muebles o semovientes, lo que impide encuadrar la operación bajo esa figura jurídica. Asimismo, se enfatiza que toda disposición de inmuebles provinciales —sea por venta o por cualquier mecanismo que implique transferencia del dominio— exige autorización legislativa previa, conforme lo dispone el artículo 65, requisito indispensable para habilitar la continuidad del procedimiento propuesto por la DPOSS. En ese marco, también se aclara que la alternativa de instrumentar la operación como una compraventa simultánea entre las mismas partes resulta jurídicamente improcedente, dado que la Ley 1015 exige la existencia de un precio en dinero como elemento esencial del contrato, de conformidad con el régimen general aplicable y con el propio diseño del sistema provincial de contrataciones, lo que obliga a considerar alternativas normativas como una ley especial que autorice la permuta o la modificación del artículo 63 para habilitar su uso en supuestos de conveniencia pública acreditada.

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DEL CENTRO DE MONTAÑA GLACIAR MARTIAL