El Dictamen ONC N.º 59/2013 analiza la prohibición de desdoblamiento de contrataciones prevista en el Decreto N.º 893/2012 y concluye que dicha prohibición no impide fraccionar procedimientos de contratación en forma absoluta, sino únicamente cuando el fraccionamiento tenga por finalidad eludir los montos establecidos para los procedimientos de selección o los controles y competencias de las autoridades intervinientes. Asimismo, señala que la presunción de desdoblamiento solo se configura cuando, dentro de un plazo de tres meses, se realizan varias convocatorias para bienes o servicios de renglones afines y sin razones previamente documentadas que justifiquen el fraccionamiento. El dictamen destaca que la afinidad de los renglones debe evaluarse según la actividad comercial de los proveedores y la pertenencia de los bienes o servicios a un mismo grupo, admitiendo que, por su especialidad técnica o comercial, determinados bienes puedan integrar grupos distintos, lo que excluiría la configuración del desdoblamiento prohibido.

Resumen del Dictamen El Dictamen 269 se refiere al proceso de renegociación contractual de la licencia para la prestación del servicio público de distribución de gas natural otorgada a GAS NEA S.A.. En este proceso se analiza un proyecto de Acta Acuerdo (que incluye la Cláusula Vigésima Novena). En este contexto, la Procuración del Tesoro analiza la adecuación del contrato de licencia en el marco de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias. También se menciona el análisis de cuestiones técnico-económicas surgidas de la negociación. Vínculo con el Artículo 45 La conexión con el artículo 45 radica en que la cláusula contractual examinada en el Dictamen establece una renuncia expresa y total a la compensación por parte del concesionario (LICENCIATARIO) en ciertos escenarios de extinción o rescisión del contrato. La Cláusula Décimo Novena, en su punto 3.18.3.2 del Acta Acuerdo (mencionada dentro de la estructura del dictamen), establece que, en el supuesto de rescisión del contrato de licencia, el licenciatario no tendrá derecho a reclamar reparación, indemnización ni compensación alguna por parte del Otorgante. Además, todos los gastos y costos que deba asumir el licenciatario en tal supuesto deberán ser afrontados a entero costo por él mismo, y en ningún caso podrán trasladarse en modo alguno a los usuarios del servicio. Esta disposición legalmente respaldada de la esfera federal (Dictamen PTN 269:308) es jurídicamente similar al espíritu del artículo 45 de la Ley 1015, ya que en ambos casos: 1. Se niega el derecho a compensación: El artículo 45 establece que las mejoras no darán lugar a compensación alguna. El Dictamen, al analizar el Acta Acuerdo, valida que el licenciatario renuncie al derecho a reclamar "reparación, indemnización ni compensación" ante la rescisión. 2. El costo o pérdida es asumido por el concesionario: El artículo 45 obliga al concesionario a introducir las mejoras asumiendo que pasarán al Estado. La cláusula analizada en el Dictamen obliga al licenciatario a afrontar a "entero costo" cualquier gasto derivado de la rescisión, manteniendo indemne al Estado Nacional.

Este dictamen analiza el recurso de alzada interpuesto por Aguas Argentinas S.A. contra una sanción de multa impuesta por el Ente Regulador (ETOSS) debido a la escasa presión en el suministro de agua, constituyendo una reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones del servicio. La PTN ratifica que la concesionaria asume la Concesión a su propio riesgo técnico, económico y financiero y es responsable ante el Estado y terceros por las obligaciones. Se establece que la concesionaria incumplió con la obligación de brindar niveles de servicio apropiados, y que las deficiencias alegadas en los bienes del Estado no pueden justificar su incumplimiento. Vínculo con el artículo 46: El dictamen se vincula con el artículo 46, especialmente con el inciso a) (cumplir estrictamente las disposiciones legales aplicables) y el inciso i) (satisfacer las multas por infracciones). La cuestión central es el incumplimiento de las obligaciones contractuales y regulatorias (calidad y continuidad del servicio) y la consecuente aplicación de penalidades. Se destaca que la empresa debe prestar obligatoriamente el servicio en condiciones que aseguren su continuidad, regularidad y calidad, siendo el incumplimiento de estas obligaciones la causa directa de la sanción administrativa analizada.

(Considerando IX) La relación de empleo público está sujeta a una normativa específica, diferente a la ley de contrato de trabajo que expresamente excluye de su ámbito de aplicación a los empleados públicos. - Para la procedencia de la indemnización se requiere acreditar la existencia real de los daños alegados. Quien la reclama y pretende hacer valer la responsabilidad del deudor tiene la carga de la prueba. - El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y debe adicionarse a los honorarios. - Para que la expresión de agravios sea procedente el litigante debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión, y señalar cuál punto del desarrollo argumental ha incurrido en un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica.

Naturaleza juridica de Contratos de empréstitos públicos. Autor: MARIENHOFF, Miguel S. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1974, ps. 97 y ss.

Ley N° 2095/06: El Artículo 76 de esta ley, que rige los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios en CABA, es textualmente idéntico al Artículo 31 de la Ley 1015 de Tierra del Fuego. Dispone que "Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes". Este paralelismo normativo demuestra que la potestad de revocación no es una peculiaridad regional, sino una prerrogativa administrativa fundamental y ampliamente aceptada, lo que brinda a oferentes y a la propia Administración un marco jurídico predecible en distintas jurisdicciones del país.

El RÉGIMEN DE INCIATIVA PRIVADA CONTEMPLADO EN EL DECRETO NACIONAL N° 713/2024 ANEXO III RESULTA APLICABLE A LAS CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA COMPRENDIDOS EN LA PRESENTE LEY. ARTICULO 4º.- Las concesiones de obra pública se otorgarán mediante uno de los siguientes procedimientos: a) Por licitación pública; b) Por contratación directa con entes públicos o con sociedades de capital estatal; c) Por contratación con sociedades privadas o mixtas. En tal caso las tratativas preliminares entre la persona o entidad privada y la entidad pública concedente, se llevarán a cabo hasta fijar las bases principales de la futura concesión; hecho lo cual se optará por la licitación pública con dichas bases o se convocará públicamente para la presentación de proyectos en competencia, mediante los avisos o anuncios pertinentes. En este caso si no se presentaran mejores ofertas, el contrato podrá celebrarse directamente con la persona o entidad privada que inició las tratativas preliminares hasta la redacción de aquellas bases. Si se presentaran ofertas mejores, a juicio exclusivo del Estado, se llamará a licitación pública o privada entre los oferentes para la construcción, conservación o explotación de que se trate. En todos los casos deberán respetarse, en cuanto a la etapa de construcción, las normas legales establecidas para el contrato de obra pública en todo lo que sea pertinente.

FALLOS: CSJN: 330:5144. El fallo “Neuquén, Provincia del c/ Capex S.A. s/ cobro de regalías” (CSJN, 2007) aborda cuestiones clave sobre la naturaleza jurídica de las regalías hidrocarburíferas y su régimen legal. La Corte analizó si las regalías previstas en los arts. 59 y 62 de la Ley 17.319 constituyen impuestos o prestaciones contractuales, concluyendo —en mayoría— que no son tributos stricto sensu, sino obligaciones derivadas de la concesión, lo que llevó a aplicar el plazo de prescripción quinquenal del art. 4027 inc. 3° del Código Civil, declarando prescripta la acción. En disidencia, otros ministros sostuvieron que las regalías tienen carácter tributario, por estar ubicadas en la sección “Tributos” de la ley y por su tratamiento en el decreto reglamentario 1671/69, aplicando el plazo decenal de la Ley 11.585. Además, el fallo reafirmó que la circular 5/90, que reducía la alícuota del 12% al 8%, era inválida por violar el principio de legalidad y carecer de competencia, por lo que no generaba derechos. También se discutió la improcedencia de la “pesificación” prevista por la Ley 25.561, dado que las regalías se calculan en dólares pero se pagan en pesos. En síntesis, el fallo fija criterios sobre: competencia originaria (arts. 116 y 117 CN), naturaleza jurídica de regalías, prescripción aplicable, principio de legalidad en actos administrativos y régimen de pago conforme normativa hidrocarburífera.

El dictamen analiza la validez jurídica de la cesión sin cargo de bienes muebles del Ejército a una escuela pública y concluye que el artículo 53 de la Ley de Contabilidad (Decreto Ley N° 23.354/56) vigente pese a la derogación del régimen de contrataciones por el Decreto 1023/01, que dejó subsistentes los arts. 51 al 54 referido a la gestión de bienes del Estado y 64 de la Ley de Contabilidad, continúa habilitando la transferencia gratuita de bienes del Estado, incluidos aquellos declarados en desuso o rezago. Sobre esa base, y dado que aún rige transitoriamente el Decreto 436/00, el Subprocurador del Tesoro determina que el Jefe del Estado Mayor General del Ejército puede autorizar la donación cuando el valor total de los bienes no exceda el cuádruple del límite para contrataciones directas previsto en dicha reglamentación, previa declaración de los efectos como bienes en desuso. Define además que “bienes en desuso” son los que han perdido utilidad respecto del destino original y los de “rezago” aquellos cuya utilización resulta imposible o antieconómica, concluyendo que, reunidos estos requisitos y razones de mérito, la cesión resulta jurídicamente procedente.

Art. 8°: Publicidad de los actos de gobierno. Art. 74: Principio de legalidad como fundamento de los procedimientos de contrataciones contemplados en el art. 9 de la Ley prov. N° 1015. Art. 163: Control externo de la actividad económico-financiera del gobierno provincial (Administración pública centralizada y descentralizada). Art. 188: Responsabilidad de los funcionarios públicos.